Por: Cristian Rodríguez
En la última década se han impulsado iniciativas a nivel nacional e internacional que buscan mejorar los indicadores (tanto efectivos como de percepción) que miden la transparencia y la facilidad para acceder a la información de las instituciones públicas. Teniendo como antecedente en Colombia, los recurrentes casos de corrupción de servidores públicos que derivan en poca legitimidad y desconfianza hacia la política por parte de la ciudadanía, se hace perentorio formular la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, que con posterioridad se verá complementada con la expedición del Decreto 103 de 2015 y el Decreto 3564 de 2015 como herramientas que buscan consolidar la cultura de transparencia en la administración pública dentro de nuestro país, como pilar fundamental para la adopción de un modelo de gobierno abierto, participativo y transparente, deuda que se ha ido postergando por años.
En ese sentido, el concepto de gobierno abierto se ha usado en el mundo anglosajón desde la década de los 70´s. Un concepto que, a pesar de la popularidad en su uso, ha sido recientemente extrapolado a América Latina, impulsado, principalmente por organizaciones multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas organizaciones de orden internacional han visto integrados sus esfuerzos con organizaciones no gubernamentales como open government partnership, quienes han profundizado en la importancia del gobierno abierto para tener ciudadanos más comprometidos con las acciones públicas, la democracia, la participación, el acceso a la información y la transparencia, como elementos constitutivos de una sociedad abierta y democrática en la cual el ciudadano es el centro del actuar del Estado y de los gobierno tanto regionales como locales.
Por lo anterior, el gobierno cumple un importante rol al habilitar contextos donde la cultura democrática dentro de las instituciones sea prioridad, propiciando mejoras en los niveles de transparencia y acceso a la información, apertura de datos y reutilización de la información para tener trazabilidad y conciencia sobre los procesos y acciones implementadas; desde los ciudadanos, se ejerce control social sobre las actuaciones de los gobernantes y facilitando la rendición de cuentas; propiciando las ciudadanías activas, modelos para fortalecer el proceso de toma de decisiones, y fortaleciendo los espacios de colaboración, co-diseño y co-producción para añadir valor público a sus acciones.
Luego, es importante territorializar los instrumentos jurídico-administrativos y las herramientas técnicas en las que se ha avanzado, particularmente en Colombia con la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información), la cual es resultado de la integración de tratados internacionales al bloque de constitucionalidad, fortaleciendo así las iniciativas realizadas por instituciones como la Procuraduría y la Contraloría, pero también dentro de las oficinas de control interno de las entidades territoriales y los procesos de veedurías ciudadanas.
No obstante, este proceso genera desafíos, el primer inconveniente es la dificultad para ser implementados o territorializados en los municipios, debido en gran parte a arreglos del sistema político colombiano que premian la cooptación y el clientelismo antes que la cultura de democracia, deliberación y debate; segundo, las brechas en materia técnica y económica que impide que se generen políticas públicas en el territorio que sean complementarias y coordinen la implementación o territorialización de estos importantes instrumentos dentro de los municipios.
En la actualidad es un esfuerzo del gobierno por mejorar sus capacidades y modernizar la administración pública bajo tres principios: transparencia y apertura a la ciudadanía, participación y rendición de cuentas, y colaboración en los procesos de construcción de alternativas de solución a los problemas públicos por varios años de “gobierno abierto” que significó un debate entre los principios de acceso y la libertad de la información sobre las actividades del gobierno y su disponibilidad, importante ya que no es una discusión que se haya agotado, por el contrario, como se mostrará en posteriores publicaciones, el acceso a la información del sector público es clave para implementar gobiernos abiertos y transparentes que se complementan con políticas dirigidas a fortalecer la transparencia, la justicia, la equidad, la eficacia y eficiencia de los recursos tanto materiales como humanos.
Así pues, en la medida que las redes sociales y el internet han ido permeando la sociedad, las herramientas tecnológicas se han convertido en aliadas para lograr una mayor cercanía con las personas que toman decisiones. Pero, hay que tener cuidado en caer en el sesgo de que la tecnología es la panacea a los problemas que se han ido esbozando en este espacio, pues la tecnología no es un fin en sí mismo, al contrario, se constituye como un elemento transversal a la toma de decisiones públicas. Si no existe un cambio de valores dentro de la administración pública hacia la calidad del servicio y la calidad de las políticas, el gobierno en línea solo es parafernalia.
En próximas entregas profundizaremos sobre la importancia de la innovación en el sector público, para habilitar contextos de experimentación y solución participativa a los problemas que como sociedad y como colombianos nos aquejan.
SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTENIDO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE SU TITULAR.
Las opiniones expresadas en la presente columna no representan la visión o pensamiento de la pagina web De Voz A Voz, por tanto nos salvamos de cualquier responsabilidad o inconformidad con la columna o el autor.
Términos y condiciones en: Queremos publicarte | De Voz A Voz