Por: Juan Diego Garcia
Debemos recordar que el “Acuerdo de Paz” realizado entre el Gobierno Nacional y el grupo ilegal armado revolucionario FARC-EP, fue objeto de rechazo por los colombianos, toda vez que para aprobar el Acuerdo en general se debió acudir a las urnas mediante un mecanismo de participación ciudadana, el cual consistía en un plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016, por medio del cual los colombianos votaban por el SI y el NO del Acuerdo en mención, y por medio de este mecanismo la democracia y la decisión de los colombianos prevaleció por encima de los intereses políticos al darse como resultado el NO al acuerdo de paz.
El Expresidente Álvaro Uribe, lideró una campaña a lo largo de todo el país denunciando las mentiras, las injusticias y la impunidad que traería consigo este proceso de negociación. Posteriormente en una inminente transgresión a la democracia, el acuerdo de la Habana fue aprobado y firmado, sin haber importado la decisión de los colombianos, este reprochable acto le ha costado a Colombia cuatro años de total impunidad, con criminales de lesa humanidad ocupando cargos de elección popular mintiendo descaradamente, mostrándose como faros morales de la democracia.
La implementación del Acuerdo de paz ha traído consigo el aumento de estructuras criminales supuestamente disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC-EP, dedicadas al narcoterrorismo, hecho que ha derivado un aumento significativo de cultivos ilícitos, incremento de homicidios y masacres atribuidas a estas estructuras criminales quienes se pelean los territorios y rutas de narcotráfico.
Ahora bien, hablemos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de “justicia” creado para esclarecer los crímenes de guerra cometidos por el grupo beligerante en el marco del conflicto, y poder ser llevados a juicio para que fuesen imputados por los delitos cometidos en muchos de los hechos aberrantes que se le atribuyen a este grupo armado, y que son de pleno conocimiento de este alto tribunal, y a la fecha ha ocurrido todo lo contrario, este tribunal no ha condenado al primer integrante de este grupo armado por algún hecho de barbarie cometido por esta guerrilla, aunado a esto no se ha reparado como se debe a las víctimas que tanto han sufrido las consecuencias de la guerra.
La JEP le está costando miles de millones de pesos al erario público, sin que se justifique la razón y los objetivos por los cuales fue creada, toda vez que durante este cuatrienio no ha habido resultados concretos en las investigaciones que se deberían haber adelantado a los miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP, dinero que se podría gastar en más inversión social para nuestros territorios, o en una política de seguridad democrática encaminada a contrarrestar el accionar de estos grupos armados ilegales que tanto daño le hacen a nuestra patria.
Colombia recoge día a día el producto de esta impunidad, es totalmente reprochable la participación política de estas personas que han cometido crímenes aberrantes como la violación, reclutamiento de menores, narcotráfico y terrorismo los cuales en distintas ocasiones han sido descaradamente negados, pero nosotros NO olvidamos las huellas imborrables de la guerra.
Finalmente quiero hacer un llamado a todos los colombianos a que sigamos alzando nuestra voz en contra de los atropellos y de las injusticias que hemos sido víctimas, si nos unimos como sociedad podemos llegar a construir un nuevo país, es imperativa una reforma de fondo a las instituciones de justicia del estado, con el fin de conseguir una justicia transparente, despolitizada y eficiente, reformemos la JEP, luchemos para conseguir una paz sin injusticias e impunidad, ayudemos a las víctimas para que conozcan la verdad, estos criminales deben pagar sus delitos. Los buenos somos más, con Mano Firme y Corazón Grande lograremos edificar el país que tanto anhelamos, un país con seguridad, justicia, empleo, educación, austeridad e inversión social.
Imagen tomada de: https://elojocondientes.wordpress.com/tag/internacionales/page/2/
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